El 13 de febrero de 2026 se publicó en el BOPA la Ley 2/2026, de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible, conocida como Ley Ómnibus II. Con su entrada en vigor se abre una nueva etapa regulatoria que no se limita a introducir ajustes puntuales, sino que redefine criterios clave en materia de residencia, inversión extranjera y actividad económica en Andorra.
Esta norma, aprobada por el Consell General, parte de un mensaje claro: el modelo sigue siendo abierto, pero pasa a ser más selectivo y exigente. El foco ya no está solo en cumplir importes mínimos, sino en acreditar actividad real, coherencia económica y una estructura sólida y debidamente documentada.
En el caso de la residencia por cuenta propia, el depósito de 50.000 euros deja de ser un requisito recuperable y se consolida como un coste definitivo. Aún más relevante es el cambio de enfoque de la Administración, que puede revisar autorizaciones si no existe actividad efectiva, cuestionar sociedades meramente instrumentales o sancionar simulaciones con multas agravadas.
En cuanto a la inversión inmobiliaria extranjera, el régimen se vuelve más técnico. Se tienen en cuenta criterios como la residencia efectiva acumulada, la agregación de operaciones entre personas vinculadas y la aplicación progresiva de nuevos tipos impositivos. Esto obliga a analizar cada operación dentro de un contexto global, y no como un hecho aislado.
La residencia sin actividad lucrativa también eleva el listón: aumenta la inversión mínima en activos andorranos hasta el millón de euros (con la excepción parcial del Fondo de Vivienda) y se intensifica el control sobre el origen y la permanencia de los fondos.
Por último, los grandes proyectos comerciales se evaluarán no solo desde un punto de vista administrativo, sino también por su impacto territorial, laboral y social.
El principal riesgo ya no es pagar más, sino no haber planificado correctamente. En un entorno más regulado, la diferencia la marca comprender el marco legal, anticiparse y tener toda la documentación alineada con la realidad del proyecto. Aquí es donde una revisión a tiempo puede evitar problemas futuros.
Adjuntamos el documento correspondiente en el BOPA.
Si estás revisando tu situación como residente, inversor o promotor de un proyecto comercial, en addwill Andorra estaremos encantados de acompañarte y asesorarte para que todo esté alineado con los nuevos requisitos legales.